EL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUS INTENDENTES, LEGISLADORES NACIONALES Y PROVINCIALES, LA CGT Y CÁMARAS EMPRESARIALES, FEDERACIONES DE COMERCIO Y FUERZAS VIVAS INICIAN LA CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE FIRMAS CONTRAA través de una campaña de recolección de 1 millón de firmas, que avalarán una convocatoria a Iniciativa Popular, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires rechaza el brutal aumento de tarifas eléctricas, porque es ilegal y perjudica a los sectores sociales que más necesitan el acompañamiento del Estado.
EL AUMENTO DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
La campaña también apoya y adhiere a la iniciativa impulsada por legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria, quienes presentaron un recurso de amparo para dejar sin efecto las resoluciones gubernamentales mediante las cuales se adoptó el aumento.
Estas acciones del peronismo bonaerense se basan en la convicción de que el Presidente Macri está tomando decisiones muy claras: impone un techo a los aumentos salariales para que estos se sitúen por debajo de la inflación y aplica un aumento brutal en las tarifas de servicios públicos esenciales, como los de electricidad y gas.
El resultado es evidente: ya está perjudicando a las familias trabajadoras y a los más humildes, a las pequeñas y medianas empresas, así como a los pequeños comerciantes locales.
Nadie cuestiona el derecho a gobernar de las autoridades nacionales, que para eso han sido elegidas democráticamente. Lo que se discute cada vez con más fuerza, y esto ya se nota en la comunidad bonaerense, es el carácter socialmente injusto y hasta ilegal de algunas medidas, como el aumento de tarifas eléctricas que impone este gobierno.
Se trata precisamente de eso, una medida ilegal que implica un deterioro social para quienes más necesitan el acompañamiento del Estado.
Tal como lo han expresado los legisladores provinciales del Frente para la Victoria que solicitaron la nulidad de los aumentos mediante un recurso de amparo, las medidas que adoptó el gobierno nacional para imponer el tarifazo eléctrico:
“ (…) han sido sancionadas de una manera totalmente inconsulta, sin un elemental nivel de información ni participación de los usuarios”, destacándose que “una modificación tarifaria de tales características, que afecta a un número tan significativo de ciudadanos, debió ser puesta a consideración mediante una Audiencia Pública, conforme el espíritu del Artículo 42 de la Constitución Nacional”.
Los incrementos, que según lo informado por el propio gobierno nacional pueden llegar hasta un 967%, tendrán un impacto devastador en los sectores sociales, productivos y comerciales más importantes de la Provincia de Buenos Aires.
Como si fuera poco, el propio Ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, adelantó que a pesar del tarifazo continuarán los cortes del servicio eléctrico, por lo menos durante dos años más. Es decir que las inversiones empresarias estarán financiadas con el aumento a los usuarios y no al revés. Primero cobran el aumento, luego invierten.
Por esos motivos, la comunidad de la Provincia de Buenos Aires se moviliza y exige que se anule el brutal aumento de las tarifas de electricidad, emprendiéndose un camino que le otorgue legalidad, legitimidad y equidad social al nuevo cuadro tarifario.
Para lograrlo, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
Convocatoria a una Audiencia Pública. Según lo expresado por los legisladores promotores del amparo contra el aumento de tarifas eléctricas, la Audiencia Pública “es una garantía objetiva de razonabilidad para el administrado en cuanto percepción de que el Estado actúa con sustento fáctico, proporcionalidad, etc.”, constituyendo “un mecanismo idóneo de formación de consenso de la opinión pública respecto de la juridicidad y conveniencia del obrar estatal, de testear la reacción pública posible antes de comprometerse formalmente a un curso de acción”. Se trata, además, de “una garantía objetiva de transparencia de los procedimientos respecto de los permisionarios y concesionarios, de modo tal que el público perciba esa relación como transparente y límpida”.
Modificaciones en la Tarifa Social. La denominada “Tarifa Social” es insuficiente, ya que sólo cubre 150kwh por mes. Según informa la propia empresa EDENOR, una heladera hogareña convencional, de 150 Watt de potencia, consume 0,063 Kwh por cada hora de funcionamiento; eso significa un consumo de 45,36 Kwh al mes. Por ese motivo, es imprescindible elevar la tarifa social a, como mínimo, 300 Kwh mensuales. Por otra parte, los criterios para establecer la tarifa social deben incluir un análisis de ingresos del grupo familiar y otras variables socioeconómicas relevantes.
Gradualidad de los incrementos. La actualización del cuadro tarifario no puede aplicarse de manera violenta y grosera, sino de forma equilibrada, distribuyéndose gradualmente en el tiempo para que vaya acompañando la evolución de los salarios e ingresos de las familias. Si las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo aumentaron el 15%, aplicar subas promedio por encima de 300% en la luz resulta un despropósito inaceptable.
Tratamiento especial a usuarios electrointensivos y electrodependientes. Debe considerarse un régimen especial que exima del aumento a usuarios electrointensivos de familias trabajadoras y humildes. Se trata de aquellos hogares que, al no contar con gas de red, estructuran la calefacción, el agua caliente y la cocina a través de la electricidad. En muchos casos, se suman bombeadores eléctricos para contar con agua. También debe considerarse la situación de los usuarios electrodependientes, como es el caso de enfermos y pacientes que obligatoriamente deben utilizar equipos de asistencia movidos a electricidad.
Cuidar a las PyMEs y a los pequeños comerciantes locales. Debe considerarse un régimen atenuado de actualización tarifaria para las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen casi 8 de cada 10 puestos de trabajo en todo el país, del mismo modo que debe atenderse a los pequeños comerciantes locales, asignándoles condiciones tarifarias que les permitan competir con las grandes cadenas. Se trata de cuidar la producción, el trabajo y el consumo popular.
Tratamiento diferencial a escuelas, centros de salud y organizaciones de la comunidad. Deben diseñarse los instrumentos que permitan evitar un impacto negativo por aumento de tarifas a los centros educativos, pequeñas salas de atención primaria de la salud, centros de jubilados, clubes de barrio y, en general, a todas las pequeñas instituciones de la comunidad que trabajan por el bien público sin interés por el lucro.
Exceptuar al alumbrado público. El aumento de tarifas debe exceptuar a los servicios de alumbrado público municipal. De lo contrario, si los municipios reciben aumentos significativos para la provisión de dicho servicio, finalmente lo terminarán pagando los mismos contribuyentes que ya reciben el tarifazo en el consumo domiciliario.
En síntesis, no puede aceptarse el brutal aumento de tarifas eléctricas que implementa el gobierno nacional, porque es ilegal, ilegítimo e inequitativo.
Por lo tanto, debe ser anulado de inmediato para emprender un camino razonable, equilibrado y realista que contemple la convocatoria a una Audiencia Pública, modificaciones en la Tarifa Social, gradualidad de los incrementos, así como un tratamiento especial a usuarios electrointensivos y electrodependientes; que cuide especialmente a las PyMEs y a los pequeños comerciantes locales, así como a las organizaciones de la comunidad que no están movidas por el lucro.
De esta forma, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires inicia su campaña de recolección de 1 millón de firmas para someter a Iniciativa Popular el brutal aumento de tarifas eléctricas, en los términos de Art. 39 de la Constitución Nacional y la Ley Nro. 24.747, a la vez que apoya la iniciativa impulsada por legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria, quienes presentaron un recurso de amparo para dejar sin efecto dicho aumento.
San Justo, LA MATANZA
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